MANIFIESTO DIA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
En 2016 celebramos el vigésimo
aniversario de la entrada en vigor de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales. En
este periodo hemos asistido al tránsito
desde la seguridad e higiene franquista a
la prevención de riesgos emanada de la
Directiva Marco europea. La
generalización de la actividad preventiva
en las empresas, las políticas públicas
activas y la labor de los recién elegidos
delegados de prevención lograron, no sin
pocos esfuerzos, una mejora de las
condiciones de trabajo que se tradujo en
un periodo de acusado descenso de la
siniestralidad que se prolongó desde 2000
hasta 2012. La Ley 31/1995 ha posibilitado
pasar de un enfoque reactivo, de
reparación del daño una vez que se
produce, a un enfoque preventivo, con el
objetivo fundamental de conseguir un
estado de bienestar integral del trabajador.
Sin embargo, la apuesta por políticas de
ajuste de marcado acento neoliberal como
alternativa de salida a la crisis,
especialmente representadas por las
reformas laborales, deterioraron de forma
grave la negociación colectiva y el ejercicio
efectivo de derechos, elementos
imprescindibles para la salud y la
seguridad en el trabajo. Estas dinámicas
han determinado una regresión de la
prevención en las empresas durante esta
última legislatura y, no por casualidad, la
aprobación de la Reforma Laboral del
Partido Popular en 2012 coincidió con el
cambio de tendencia de la siniestralidad.
En estos cuatro años de legislatura han
fallecido 2.310 trabajadoras y trabajadores
y desde 2012 hasta 2015 se han
acumulado incrementos del 8% en el
índice de incidencia para el conjunto de
sectores y del 9% para la siniestralidad
mortal. Es inadmisible que en pleno Siglo
XXI, fallezcan más de 600 personas en
un año por el hecho de ejercer su labor
profesional.
El debilitamiento de la negociación
colectiva conlleva pérdida de derechos y
la generalización de unas relaciones
laborales marcadas por la precariedad.
Esta última característica se encuentra,
sin ningún lugar a dudas, detrás del
incremento de los accidentes de trabajo.
El mejor ejemplo de ello es lo que ha
sucedido en los últimos años en el sector
industrial, hasta hace poco paradigma de
la estabilidad en el empleo. En los dos
últimos años, los nuevos contratos de
duración inferior a una semana han
pasado del 10% al 28% y la siniestralidad
mortal en 2015 en ese mismo sector ha
crecido en un 45%. Una alta rotación de
contratos de tan corta duración impide
garantizar los derechos de información y
formación en los riesgos y medidas
preventivas existentes en la empresa.
Por otra parte, cada vez es más
frecuente y está más extendida la
descentralización productiva entre las
empresas españolas, lo que provoca una
externalización de los riesgos laborales
hacia los autónomos y trabajadores de
PYMES y subcontratas.
Pero existen más factores que influyen
en el repunte de los accidentes y unos de
ellos es la desigualdad. Entre 2012 y
2014, último año de que disponemos de
índices de incidencia desagregados por
sexo, la siniestralidad en los hombres ha
aumentado un 2,8% mientras que en las
mujeres el incremento ha alcanzado un
12,3%, casi 10 puntos de diferencia. Las
condiciones de trabajo en los sectores y
actividades más feminizados han sufrido
con más rigor los efectos de la crisis y de
las políticas de ajuste, lo que unido a la
falta de políticas eficaces de igualdad de
género contribuye al deterioro de la salud
de las trabajadoras. Un dato para
reforzar esta idea: desde 2013 el número
de partes comunicados de enfermedad
profesional con baja en mujeres es
superior en términos absolutos al de los
hombres a pesar de ocupar un volumen
menor de población.
Esta legislatura tampoco ha servido para
solucionar el grave problema de
ocultación de Enfermedades
Profesionales, sobre todo de aquellas
más graves y que comportan mayor
sufrimiento a las personas afectadas y
sus familias. El caso del cáncer laboral
es especialmente sangrante: mientras
que las estimaciones más conservadoras
sitúan en 9.000 casos el número de
nuevos diagnósticos anuales de cáncer
en España atribuibles a exposiciones
laborales, las Mutuas sólo han
comunicado 23 en 2015, 19 de ellos por
exposición al amianto. De forma similar,
los trastornos producidos por los riesgos
psicosociales siguen sin ser registrados,
a pesar de su incremento debido al
deterioro de las relaciones laborales
producto de la crisis. En definitiva, las
enfermedades ocasionadas por el trabajo
terminan derivándose a los Servicios
Públicos de Salud en lugar de a las
Mutuas, infradeclarando su número,
aumentando el gasto público y
erosionando la prevención porque lo que
no existe no se previene.
Ante este panorama, en el marco del 28
de Abril, Día Internacional de la Salud y
la Seguridad en el Trabajo y ante el inicio
de una nueva legislatura, CCOO y UGT
queremos trasladar a la sociedad
española y en especial a los partidos
políticos la necesidad de poner en
marcha las transformaciones necesarias
para forzar un cambio de rumbo en la
prevención de riesgos laborales
adecuándola a realidad laboral actual.
La LPRL sigue siendo un instrumento útil
para la salud laboral, pero es necesario
derogar todas las normas que han
impedido que todos los colectivos tengan
el mismo grado de protección de su
salud. Las reformas laborales han
extendido la precariedad, han instalado el
miedo a perder el empleo, han
individualizado las relaciones laborales,
dificultado el ejercicio efectivo de
derechos y profundizado en la
desigualdad.
Se debe revertir la reforma del marco
jurídico de las Mutuas, ya que supone un
nuevo recorte en los derechos de los
trabajadores y que sólo ha servido para
que éstas invadieran competencias de
los servicios públicos, privatizando la
gestión de actividades que deberían ser
exclusivas de la Seguridad Social. Hay
que frenar la creciente dualización del
sistema público de salud, una sanidad
para población activa a través de las
Mutuas y otra para la inactiva cada vez
más deteriorada, que supone de facto
uno de los procesos de privatización de
la Sanidad más intensos y desconocidos.
Este proceso se ha agravado con la
venta de las Sociedades de Prevención
de las Mutuas a grandes grupos
privados, monetizando la salud laboral y
desnaturalizando la vigilancia de la salud
en el trabajo, que de ser un derecho de
los trabajadores está pasando a
convertirse en un mecanismo de control
empresarial y de ajuste de plantillas.
Desde la publicación de la LPRL hemos
aprendido que la mera aprobación de
una legislación adecuada no garantiza la
protección sin la existencia de controles
estrictos.
Para ello exigimos a las administraciones
que intensifiquen las políticas activas en
materia de prevención dotando con los
suficientes medios económicos y
humanos a los organismos técnicos
como el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en Trabajo o los institutos
autonómicos.
La Inspección de Trabajo debe
incrementar sus plantillas de inspectores
y subinspectores, reforzar y actualizar su
formación y dotar de personal al
recientemente creado cuerpo de
subinspectores especializados en salud y
seguridad en el trabajo. Y se hace más
necesario que nunca el pleno desarrollo
de la Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo 2015-2020, haciendo
especial hincapié en todas las cuestiones
relacionadas con enfermedades de
origen laboral.
Y en el marco de la empresa, es preciso
que se recuperen las inversiones en
prevención y, sobre todo, la centralidad
de la negociación colectiva en las
relaciones laborales. La negociación
colectiva está estrechamente ligada a la
presencia de sindicatos en los centros de
trabajo, lo que constituye la mejor
garantía para el ejercicio de derechos y
para la protección de la salud. Es un
hecho que en los centros de trabajo en
los que hay presencia sindical hay menor
siniestralidad laboral y mejores
condiciones de seguridad y salud. Sin
embargo, en nuestro país hay un millón
de empresas con menos de 6
trabajadores, en las que trabajan dos
millones de personas que no tienen
derecho a elegir un delegado de
personal, y una estructura productiva
basada en la pequeña y muy pequeña
empresa que dificulta la implantación de
los sindicatos en una gran parte del tejido
productivo. Por ello, de nuevo volvemos
a reclamar el establecimiento de la figura
del delegado de prevención territorial o
sectorial que pueda acceder al control de
las condiciones de trabajo en estas
empresas, con las mismas competencias
y garantías que determina la LPRL para
los delegados de prevención y con el
objetivo de asegurar el ejercicio al
derecho a la salud y a la seguridad y los
niveles de protección a estos
trabajadores en los mismos términos que
en el resto de las empresas.
Como cada 28 de Abril, Día Internacional
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo,
UGT y CCOO vamos a recordar a las
trabajadoras y los trabajadores que
fallecieron o perdieron la salud mientras
se ganaban la vida y nos
comprometemos a luchar durante el resto
del año para acabar con la precariedad,
la desigualdad y las injustas condiciones
de trabajo que se encuentran tras los
accidentes y las enfermedades de or
